Renta Básica de Ciudadanía y sostenibilidad medioambiental

Renta Básica de Ciudadanía y sostenibilidad medioambiental

 Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Y el primer paso en este objetivo consiste en poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer realidad su derecho a llevar una existencia digna.

CIVE PÉREZ 
Sin duda, uno de los grandes retos a los que debe hacer frente la humanidad consiste en aprender a conciliar la sostenibilidad de la vida humana con la del resto de especies vivientes en un mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable y aire limpio para atender las necesidades humanas ha alcanzado un punto crítico que compromete el propio equilibrio climático del planeta. Incluso los alimentos podrían escasear si, en aras del exclusivo interés automovilista, se destina gran parte de la producción cerealista a la fabricación de agrocombustibles. Es de todo punto impensable que el actual modelo de crecimiento de los países ricos pueda ser imitado por el resto de la población planetaria. Si bien se plantea aquí una duda moral: ¿con qué legitimidad podríamos, desde un mundo rico y despilfarrador, pedir a los países pobres que abandonen sus deseos de reproducir las estructuras económicas del Primer Mundo?

Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Es preciso revisar la noción sociopolítica del Bienestar que ha imperado hasta ahora. No hablamos de suprimir las prestaciones sociales del Estado del Bienestar para que sea la iniciativa privada la que provea los servicios, como propugna el neoliberalismo. Lo que precisa una profunda revisión conceptual es esa forma de entender el bienestar sólo desde la óptica del crecimiento de los niveles económicos y de consumo de la población. 

Como señala María Novo en El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa: “La Renta Básica de Ciudadanía plantea un cambio de paradigma respecto del modelo economicista imperante en nuestras sociedades. Nos sitúa ante una nueva cosmovisión, más ambiental, más sostenible, en la que lo que importa no es solamente el rendimiento de la economía sino la calidad de vida de todos los seres humanos”. La profesora Novo considera que la adopción de un ingreso garantizado sería una medida “de gran impacto en la configuración de nuestras sociedades, que incentivaría la participación ciudadana en la vida política y la reorientación de nuestra vida comunitaria hacia valores distintos, cuando no alternativos, a los que propone el mercado”.

En efecto, cifrar el bienestar general tan sólo en el tamaño del PIB es una pobre visión de la realidad. El PIB incorpora como valor positivo todas las ineficacias del sistema. Por ejemplo, un automovilista que se dirige a una playa ubicada en una de esas macrociudades costeras destinadas al turismo masivo, y que, tras varias horas de viaje, se encuentra en pleno embotellamiento de tráfico, puede que necesite tomar un calmante para sus nervios mientras contempla humear el tubo de escape del vehículo paralizado delante del suyo. Todo esto, situado en las antípodas del bienestar de ese automovilista, coopera eficazmente a incrementar el tamaño del PIB sin aportar ni un ápice de calidad real de vida. De igual forma, la contaminación de la atmósfera o las mareas negras ocasionadas por accidentes de petroleros son ineficacias que obligan a efectuar costosas operaciones de limpieza que también puntúan positivamente en los indicadores económicos.

Por otro lado, computar positivamente en el balance contable el agotamiento de recursos naturales parece una locura, pero es exactamente es lo que hacen los países con reservas de combustibles fósiles al computar los ingresos de su venta en el PIB. Una persona que recibiera en herencia un gran depósito conteniendo un millón de litros de petróleo procuraría conocer con exactitud el estado de su riqueza y, cada vez que abriera el grifo, anotaría el débito como una disminución de su capital. Sin embargo, la disminución de recursos de un país queda anotada como beneficio nacional. Bajo la óptica de una economía centrada exclusivamente en el mercado, todo tiene un precio, pero nada tiene un valor. Esto resulta catastrófico para los recursos naturales, pues el valor medioambiental de las masas forestales, por ejemplo, es considerablemente superior al precio que alcanza la madera vendida.

Si un hombre pasea por los bosques, por amor a ellos, la mitad de cada día, corre el riesgo de que le consideren un holgazán; pero si se pasa todo el día especulando, cortando esos bosques y dejando la tierra desnuda antes de tiempo, se le aprecia como ciudadano laborioso y emprendedor. ¡Como si el único interés de una ciudad por sus bosques fuera talarlos!

Adelantado a su tiempo en muchas cosas, Henry David Thoreau demostró una gran preocupación por el medio natural. Dos de sus obras, Walden y Vida sin principios, deberían figurar entre las Sagradas Escrituras del movimiento ecologista. Pese a vivir en una época en que no había surgido  la inquietud medioambiental. Por entonces, la Tierra tenía todavía la capacidad de absorber, sin inmutarse demasiado, el impacto producido por la avidez del modelo de crecimiento depredador made in USA que Thoreau contemplaba ya desde su rincón de Concord (Massachussets).
          
La avidez forma parte de la condición humana, y las excepcionales circunstancias para el desarrollo económico que se dieron en esa zona del mundo sirvieron en bandeja la adopción del modelo de crecimiento sin tasa que hoy conocemos. Sería luego, al generalizarse y exportarse a escala mundial, cuando se agudizaría la contradicción entre dos visiones del oíkos: la economía (oíkonomos) y la ecología (oíkologos). Un conflicto similar al que se daría en un edificio de viviendas donde la razón del vecindario (económica) se enfrenta a la razón de la vivienda (ecológica) hasta el punto de que la primera amenaza con la destrucción de la segunda.

Necesitamos que un nuevo paradigma, el de la sostenibilidad ambiental, moral y material, sea el rector del comportamiento humano. El economicismo ya no puede seguir siendo la única fuente normativa de nuestras vidas, pues los problemas humanos son mucho más complejos El filósofo, antropólogo y sociólogo francés, Edgar Morin, refiriéndose a la crisis cultural que se produjo ya en los años 1968-1970, señaló que esa crisis “demuestra que el bienestar no sólo produce mejor estar, sino también malestar; que el crecimiento de las necesidades materiales, unido a la atomización individual de la vida, despierta necesidades afectivas profundas, las cuales, reprimidas /controladas en la civilización occidental, se han vuelto errantes y divagatorias”.

Se han propuesto métodos más refinados que el PIB para medir la satisfacción real de necesidades, entre ellos el concepto de Bienestar Económico Neto, que Paul Samuelson ofrece como alternativa al PNB. En esencia, consiste en detraer del producto todo aquello que no crea satisfacciones generales, como el armamento, el crecimiento de la burocracia, los nuevos sistemas de autopistas urbanas. Algo similar al Índice de Bienestar Económico Sostenible propuesto por Herman Daly y John B. Cobb. En la versión de James Tobin y William Nordhaus  este Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) se determina con la fórmula:

ISEW = [personal consumption + non-defensive public expenditures - defensive private expenditures + capital formation + services from domestic labour - costes de la degradación medioambiental – depreciación del capital natural]

Empleando el sentido común, deberíamos ser capaces entre todos de doblegar la soberbia economicista y sus mitos. Por ejemplo, esa figura de la mano invisible, fuerza misteriosa y taumatúrgica que rige el mercado y a través de él perfecciona el mundo, es una invención de Adam Smith, que utiliza esa metáfora una sóla vez al comienzo del capítulo II del Libro IV de La Riqueza de las Naciones. El razonamiento smithiano parte de la suposición de que “cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para el capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés lo conduce natural o mejor dicho necesariamente a preferir la inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad”.

Considera Smith que “el ingreso anual de cualquier sociedad es siempre exactamente igual que el valor de cambio del producto anual total de su actividad, o más bien es exactamente lo mismo que ese valor de cambio […]. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos”. 

“El corazón tiene razones que la razón no conoce”, decía Blaise Pascal. ¿Debería ser el corazón el que gobernase el mundo? Al menos esa es la aspiración confesada por un economista tan prestigioso como Paul Samuelson: “Puedo albergar un sueño. Al igual que Martin Luther King, sueño con una economía humana que sea al mismo tiempo eficaz y respetuosa con las libertades personales (si no con las empresariales). Gran parte de las decisiones sobre la producción y el consumo conllevan la utilización del mecanismo de mercado; pero pueden mitigarse las peores desigualdades sociales que se crean al depender de las fuerzas del mercado —incluso con la existencia de igualdad de oportunidades— con los poderes de transferencia del Estado democrático. ¿Acaso no ejerce ningún efecto sobre la eficacia una equidad incrementada mediante la acción del Estado de bienestar? Sí, se producirá algún intercambio entre un incremento de la producción total y un incremento de la igualdad, algún intercambio entre la seguridad y el progreso. Yo denomino al compromiso optimizador resultante economía con corazón, y sueño con que se mantenga asimismo como economía con cabeza”.

“La economía política —sostiene Samuelson en su clásico Curso de economía— debe servir a los deseos de la humanidad. No es necesario que los hombres se hallen encadenados al simple crecimiento material, a menos que ellos lo deseen”.

Un ingreso mínimo garantizado para todas las personas o Renta Básica de Ciudadanía, podría constituir también una forma justa de remunerar a quienes se abstuvieran de causar mayores perjuicios medioambientales. No importa que los motivos de esa abstención fueran de índole ética o respondieran al ejercicio de un perezoso derecho al ahorro del esfuerzo personal. Pagarles el ingreso mínimo incondicional sería una compensación por los beneficios que el conjunto de la sociedad obtendría gracias al menor tamaño de la huella ecológica que dejan sobre la Tierra las gentes que transitan sobre ella con paso leve.

De hecho, existen precedentes como las indemnizaciones que concede el Gobierno británico a los agricultores que no cultiven la totalidad de la superficie de sus tierras, dejando espacios reservados al desarrollo de la vida silvestre en zonas consideradas sensibles desde un punto de vista ecológico. Algunos granjeros reciben modestas subvenciones por conservar en sus tierras los muros de piedra, los pantanos y otros elementos no rentables desde el punto de vista económico pero ecológicamente beneficiosos.

En 1997, Oilwatch lanzó en Kyoto la idea de mantener los combustibles fósiles bajo tierra merece “créditos de carbono”. Así, en el campo petrolífero Ishpingo-Tambococha-Tiputini, situado en el Parque Nacional Ysuní, en Ecuador, se ha pedido que alrededor de 920 millones de barriles de crudo pesado permanecer bajo tierra a perpetuidad o a través de una moratoria sine die, en un área ocupada por grupos indígenas que posee una biodiversidad única.

Además de respetar la Naturaleza y los derechos humanos, mantener este petróleo en el subsuelo significaría evitar los 410 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que produciría la quema de ese petróleo. El gobierno ecuatoriano ha solicitado a nivel internacional una parte del dinero como compensación por los ingresos monetarios que no recibiría al mantener el petróleo en el subsuelo. Si este proyecto tuviera éxito podría trasladarse a otros lugares, por ejemplo en el territorio U'Wa de Colombia y en algunas de las peores minas de carbón en el mundo en China y la India o en el Delta del Níger, donde la extracción de petróleo y el gas quemado en el proceso se efectúa por la compañía Shell a costa de muchas vidas humanas.

“Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero son los Gobiernos quienes tienen que cambiar radicalmente el modelo”. ¿Es suficiente este argumento para quedarse cruzado de brazos sin hacer nada? Tampoco los contemporáneos de Thoreau hicieron demasiado caso a sus advertencias. Pero él no pertenecía a la clase de filósofos que piensan de una manera en la academia y actúan de forma muy diferente en su vida privada. Henry prefirió pasar a la acción “directa” por una vía éticamente impecable, es decir, actuando de manera que las consecuencias directas del acto recaigan sobre uno mismo: comenzó por negarse a pagar impuestos a un Gobierno que mantenía la esclavitud y había declarado una guerra ilegítima a Méjico. Un acto por el que fue encarcelado y a raíz del cual escribió el libro sobre Desobediencia Civil que se convertiría en el texto de referencia para figuras como M. Gandhi, Bertrand Russell, Martin Luther King así como para los millares de personas que utilizaron esta vía pacífica de acción política civil.


En defensa de los surfistas

En lo que se refiere al consumo, Thoreau redujo voluntariamente su ingresos monetarios al apartarse cuidadosamente de toda actividad susceptible de degradar energía convirtiéndola en trabajo innecesario. “Durante más de cinco años, me mantuve, pues, sólo con el trabajo de mis manos; y descubrí que podía atender a todos los gastos de mi subsistencia trabajando unas seis semanas al año”, cuenta en Walden. 

La figura del surfista de Malibú fue acuñada por los detractores del ingreso garantizado en el ámbito académico anglosajón. Con ella se pretende caricaturizar a un hipotético individuo, virtuoso del surfing, que, en caso de que se implantase un ingreso garantizado, se dedicaría a subsistir con ella sin hacer ninguna otra cosa que no fuera jugar con su tabla sobre las olas de la playa californiana de Malibú. La caricatura del surfista impenitente puede resultar simpática en un debate de salón, pero no todo el mundo es capaz de desenvolverse con la suficiente habilidad y arrojo como para aventurarse con una frágil tabla en las agitadas aguas del océano. Sea en las playas de Malibú o en las más cercanas de Tarifa y Caños de Meca.

Los críticos con la Renta Básica de Ciudadanía no debieran preocuparse tanto ante la posibilidad de que algunas personas decidieran imitar a Thoreau y se conformaran con la renta mínima como única fuente de ingresos. Puede que vivieran desarrollando actividades de baja agresividad medioambiental, incluido el windsurfing en las playas de Tarifa o Malibú.

Si tal caso se diera, los miembros de este minoritario grupo de rentabasicistas no deberían ser demonizados. Antes bien, su decisión convendría recompensarla con la medalla al mérito civil planetario en reconocimiento de su ejemplar conducta. En efecto, quienes voluntariamente aceptasen vivir con tan reducido poder adquisitivo llevarían, por fuerza, una forma de vida medioambientalmente mucho más virtuosa que la del común de los consumidores. Para empezar, como una renta mínima no permite efectuar el dispendio de comprar y mantener un automóvil, estos “minimalistas económicos” tendrían que efectuar sus desplazamientos a pie o en transportes colectivos. Dejarían así de contribuir al calentamiento global del clima producido, en gran medida, por el tráfico diario de millones de automovilistas.   

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 Artículo publicado originalmente en el blog Carnet de Paro

Actos sobre Renta Básica de Ciudadanía en Alcobendas y Talavera

Actos divulgativos en Alcobendas y Talavera de la Reina en los que ha participado el Observatorio.

Attac Castilla La Mancha y la Plataforma para la Defensa de los Servicios Públicos y Sociales de Talavera, con la colaboración de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), organizaron un acto divulgativo de la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía. Tuvo lugar el viernes 14 de marzo, a las 19 h, en el Salón de Grados-UCLM, Real Fábrica de Sedas, s/n, Talavera de la Reina.

 

 

En Alcobendas, la asociación Impulso Participativo organiza una mesa redonda sobre esta materia.

 

 

 

 

 

¿Debería Attac defender la RBC?

Es hora de decirle a la sociedad algunas verdades. Una de ellas es que el empleo, tal como lo hemos conocido, no volverá. Otra, que el empleo no garantiza la igualdad, sino todo lo contrario: perpetúa la dominación de una clase social sobre otra. Y si ese dominio fue atenuado algo por legislaciones progresistas, hoy, el triunfo de la derecha, unido al abandonismo de la mayoría social, supone un regreso al siglo XIX. 

 
CIVE PÉREZ
La Renta Básica de Ciudadanía (RBC) es una alternativa con que cuenta la sociedad gracias a la capacidad de resistencia con que sus defensores, aguantando el chaparrón de críticas más o menos serias y trasnochadas monsergas ideológicas, hemos conseguido mantener encendida la antorcha de una propuesta para ampliar la libertad de las personas.

Frente a los fuegos de artificio del discurso liberal que, a la postre, sólo persigue libertades como la libertad de despido, surge la idea liberadora de garantizar un ingreso a todas las personas. Propuesta que aspira a reducir, siquiera en parte, el dominio de una minoría detentadora de los medios de producción, distribución y financieros, sobre una mayoría obligada a trabajar al servicio de esa minoría. Una élite que, saltándose las más elementales reglas de la democracia, apoya un Sistema, corrupto hasta límites indescriptibles, que se sostiene ideológicamente sobre la promesa del pleno empleo.

Es hora de decirle a la sociedad algunas verdades. Y una de ellas es que el empleo, tal como lo hemos conocido, no volverá. En la sociedad industrial el empleo se constituyó como un artificio cultural y económico mediante el cual se estructura la división social del trabajo y la distribución de la riqueza, conforme a las pautas del Orden Establecido en una sociedad regida por el modelo productivo capitalista. Modelo que, por definición, se basa en la desigualdad. Lo que determina que el empleo sea el agente principal a través del que se articula la reproducción de una sociedad desigual. De hecho, la primera desigualdad se produce en el acto contractual por el que una persona vende a otra su tiempo, fuerza y capacidad de trabajo, a cambio de un pago monetario: el salario.

En una sociedad idílica, tal vez ese contrato pudiera celebrarse en condiciones de igualdad. Pero en la sociedad real en que vivimos, el contrato laboral se realiza bajo un ordenamiento legal en el que una de las partes, la empleadora, obtiene grandes ventajas (disposición del tiempo, disciplinarias, etc.)  sobre la otra parte, la empleada. Es decir, que el empleo no sólo no garantiza la igualdad, sino que contribuye a perpetuar la dominación de una clase social sobre otra. Y si ese dominio fue atenuado algo por legislaciones progresistas, hoy, el triunfo de la derecha, unido al abandonismo político por parte de la mayoría social, está llevando la situación de dominio a condiciones que recuerdan las imperantes en el siglo XIX. Las sucesivas reformas laborales de los últimos años han convertido al empleado en un guiñapo inerme y abandonado al capricho de la patronal.

"Los filántropos llaman bienhechores de la Humanidad a los que, para enriquecerse sin trabajar, dan trabajo a los pobres", escribía Paul Lafargue hace más de un siglo, señalando que: "Una extraña pasión invade a las clases obreras de los países donde reina la civilización capitalista [...]. Esa pasión es el amor al trabajo, el furibundo frenesí del trabajo, llevado hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su progenitura. En vez de reaccionar contra esa aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas, han sacrosantificado el trabajo".

Incluyendo a los economistas y moralistas de izquierda que siguen confiando en los cantos de sirena de la recuperación del empleo. Con unas cifras de pobreza, desempleo y precariedad rozando los límites de la dignidad humana. Con seis millones de parados, seiscientos mil exiliados laborales y millones de empleados en inasumibles condiciones de precariedad, algunos todavía siguen pidiendo que se genere trabajo asalariado. Por cierto, Paul Lafargue era yerno nada menos que de Karl Marx. Éste, en su Crítica del programa de Gotha, advirtió a los congresistas del Partido Social Demócrata alemán que no se dejaran deslumbrar por los cánticos de alabanza hacia las mitificadas virtudes del trabajo:

El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso [...] ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre [...]. Los burgueses tienen razones muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural; pues precisamente del hecho de que el trabajo está condicionado por la naturaleza se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, de aquellos que se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, más que con su permiso.
 
No podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir más que con permiso de otro. Eso es lo que la Renta Básica de Ciudadanía pretende evitar, y no crear vagos, como rutinariamente afirman los detractores de la propuesta. Que harían bien tomándose la molestia de constatar que lo que más abunda hoy en el panorama laboral no es precisamente una horda de felices holgazanes.

Cesen, por tanto, de sermonear los predicadores y dejen que se escuche la voz de esos trabajadores, cualificados o no, con salarios y condiciones laborales precarias; que hablen esos jóvenes excluidos del acceso a un empleo estable; que se oiga a esos padres que trabajan a doble turno para sostener a su familia; y, sobre todo, que se escuche la voz de esa legión de personas excluidas durante periodos de larga, larguísima duración, y en muchos casos para siempre, del acceso a un empleo digno y suficiente para vivir.

Los avances tecnológicos y el traslado de la producción de bienes materiales a países con mano de obra barata permiten al capitalismo actual obtener pingües beneficios empleando sólo al 20% de la población activa. De hecho, ya hay estudios que vaticinan el pronto establecimiento de la sociedad 20-80.

Pero para que los miembros de la clase privilegiada puedan seguir ocupándose de la desorganizacion del mundo, no sólo precisan de la clase productiva que suministra los bienes y servicios básicos. Necesitan, además, que haya una subclase que se encargue de realizar las tareas más desagradables de la vida cotidiana, como pueda ser la limpieza. Desde las viviendas de los mejor acomodados hasta los salones del Parlamento, la Bolsa, la Banca y resto de compañías industriales o mercantiles, todo debe estar tan limpio como una patena. Igual que los confortables, elegantes y climatizados despachos donde los encorbatados dirigentes que recortan salarios de trabajadores dicen de ellos mismos que trabajan duro.

Eso sí, los limpiadores de la basura no están exentos de contaminarse con ella a través de los contratos basura. Y para que ningún precario se crea con derecho a negarse a limpiar la basura ajena existe una ideología hecha a la medida del interés de los que están arriba: la ideología del trabajo como virtud, bajo la que se esconde la realidad del trabajo asalariado que se realiza por cuenta, beneficio y permiso de otro.

Y es aquí donde radica la genuina esencia del Ingreso Garantizado: al proporcionar seguridad personal a las personas evitaría que muchos tengan que ir por la vida pidiendo permiso para vivir. Hoy está en boga hablar de empoderamiento para muchos sectores de la sociedad. ¿Por qué no empoderarnos de golpe todas y todos?

Este es el verdadero quíd de la cuestión, y no la pretendida inviabilidad de la RBC que, siendo una objeción en apariencia consistente, se derrumba a la vista de las ingentes sumas de dinero público inyectadas al sistema financiero, que suponen en torno al 28% del PIB. Y fueron concedidas sin que nadie expresara objeciones técnicas. Mientras que la asignación presupuestaria para implantar la RBC, que suele presentarse como inviable, sólo supondría alrededor del 5% del PIB.

Situados frente al dilema sobre defender o no la reivindicación de la Renta Básica de Ciudadanía ¿dónde debe situarse Attac: en el lado del tópico o en el lado de los perdedores del actual sistema?

¡Los mayores y niños, primero!

Hace tiempo que en este Observatorio llegamos a la conclusión de que, sin renunciar a la universalidad de la RBC, es posible iniciar ya la implantación gradual de la misma, comenzando por lo más urgente.

Sería el primer paso en la aplicación de un Ingreso de Ciudadanía destinado no a alimentar demagógicos debates sobre surfistas y otras hierbas excéntricas, sino a garantizar el derecho a la existencia de toda la gente. Por ello, y para no enredarse en más controversias, tras sucesivos debates, en el Observatorio cristalizó una propuesta de aplicación gradual de la RBC a tres importantes sectores de la sociedad. Tres sectores a los que se podría pagar mañana mismo este ingreso sin levantar sospechas de fomento de la holgazanería. Los términos de la propuesta figuran en este artículo, publicado en 2006, que hoy recuperamos dado que, en esencia, actualizando cifras, sigue estando de plena actualidad.

La implantación gradual de la Renta Básica de Ciudadanía es viable aquí y ahora: los mayores y niños, primero

FRANCISCO GONZÁLEZ PORTAL / JOSE ANTONIO PÉREZ

La propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía —en adelante RBC— se define como un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad, sin exigirle ninguna contrapartida a cambio, es decir: a) incluso si no quiere trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) sin importar con quien vive, y d) con independencia de la parte del país en la que viva. Es decir, un ingreso incondicional que entra en abierta contradicción con los cánones del sacrosanto código del trabajo que, durante la segunda mitad del siglo XX, ha informado las reglas del contrato social vigente en los países industrializados del Norte rico del planeta. De ahí que, a primera vista, la propuesta levante suspicacias en distintos sectores del espectro político.

Un rápido inventario de las críticas a la RBC comienza por esa objeción, más truculenta que realista, que plantean los que suponen que con un ingreso garantizado nadie trabajaría. Así, la patronal, sus partidos y medios de comunicación, se oponen a la RBC por temor a que la misma pudiera propiciar una huida en masa del trabajo asalariado. En el extremo opuesto, a quienes persiguen la justicia social desde una perspectiva genérica de izquierdas les resulta difícil digerir la idea de que la RBC sea pagada también a los ricos, añadiendo un ingreso adicional a la riqueza que ya obtienen. Por su parte, los exigentes con los principios generales de justicia objetan que otorgar un derecho sin contrapartidas violaría el principio de reciprocidad, por lo que rechazan de plano la RBC con una lapidaria sentencia: nada a cambio de nada. No faltan quienes muestran temor al hipotético "efecto llamada" que podría suscitar la implantación de la RBC en un solo país, provocando un aluvión de inmigrantes desde todos los puntos del planeta. Por último, los partidarios de las cuentas bien hechas se preguntan por las vías de financiación de la medida.

    A estas alturas, las objeciones éticas y normativas a un ingreso de este tipo han sido satisfactoriamente resueltas en el curso de un amplísima controversia celebrada en los ámbitos de la filosofía política. No obstante, para desprestigiar la RBC, los opositores más furibundos —que generalmente escriben a sueldo de los poderes económicos— utilizan la caricatura del surfista de Malibú. Es decir, ese hipotético individuo que con una renta mínima utilizaría su libertad para vivir sin hacer otra cosa que disfrutar de las olas con su tabla de surf.

Esgrimir el argumento del surfista es un ejercicio de cinismo o cuando menos de inconsciencia moral, desde el momento en que lo que más abunda hoy entre nosotros no es precisamente una horda de felices holgazanes. La descripción real de nuestra sociedad pone de relieve la existencia de grandes capas de trabajadores cualificados y no cualificados con salarios y condiciones laborales precarias, de jóvenes excluidos de los empleos estables, de esposas dependientes, de padres que trabajan a doble turno y, sobre todo, de una legión de personas desempleadas durante períodos de larga, larguísima duración.

Sin embargo, las críticas a la RBC se desvanecen desde el momento en que nos tomemos la molestia de no discutir de surfistas, sino considerar la situación real de tres importantes sectores de la sociedad a los que se podría aplicar mañana mismo la RBC sin suscitar ninguna de las objeciones antes apuntadas.


a)   Mayores de 60 años sin derecho a pensión.

Aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal. Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.

En 2006, la pensión mínima para un jubilado de 60 años con cónyuge a cargo está fijada en 528,72 euros mensuales. Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un hogar de dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 264,36 euros. Es decir, una renta situada por debajo del umbral de pobreza. Situación moralmente inaceptable, se mire por donde se mire, por lo que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho individual de toda persona mayor de 60 años, puede ser asumida sin temor a suscitar la sospecha de estar favoreciendo la holgazanería y el surfing improductivo.

b)    Desempleados perceptores del subsidio para mayores de 52 años.

Un mínimo decoro moral hará que tampoco nadie caiga en la tentación de tachar de vividores a las personas que, al llegar a su madurez después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, se quedan en situación de irremisible desempleo. Si existe alguna violación del principio de reciprocidad los perjudicados son estos ciudadanos que no sólo no ven recompensado su esfuerzo, sino que, a mayor inri, se les condena a vivir encadenados al subsidio para mayores de 52 años, prestación que, como es sabido, constituye un callejón sin salida.

Las "trampas de inactividad" (trampa de la pobreza o trampa del desempleo) se refieren tanto a la posibilidad como al hecho cierto de que la persona que recibe una ayuda sujeta a test de recursos quede atrapada por la propia condicionalidad de la prestación. La trampa de la pobreza se genera a partir de las rentas mínimas que los Servicios Sociales conceden en ciertos casos de pobreza severa demostrada bajo el oportuno test de recursos, pues están sujetas a la condición de no tener acceso a otras fuentes de ingresos. Si a una persona en estas circunstancias se le ofrece la oportunidad de desarrollar una actividad laboral escasamente remunerada pero que le permitiría complementar el ingreso, se enfrenta a un grave dilema: por un lado, si acepta el trabajo perderá la ayuda sin conseguir salir del estado de pobreza. Mientras que, por otro lado, si no acepta el trabajo mantendrá la ayuda, con lo que tampoco conseguirá salir de pobre, dado que la cuantía de estas prestaciones es lo suficientemente baja como para mantener al individuo por debajo del umbral de pobreza.

    De manera similar opera la trampa del desempleo que acecha a los perceptores del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Dado que también este subsidio está sujeto a la condición de que la persona que lo percibe no pueda efectuar ninguna modalidad de trabajo remunerado, se desincentiva la búsqueda de un empleo cuya remuneración no sea bastante superior a la del subsidio. Como señala Philippe van Parijs, de la Universidad de Lovaina: "Estudios de campo han señalado que lo que hace que muchos excluidos no acepten un empleo o no lo busquen activamente, a menudo no es tanto la ausencia de una diferencia entre los ingresos obtenidos del trabajo y los que se obtienen sin trabajar, como el temor a perder la relativa seguridad de un flujo regular de beneficios, en aras de la incertidumbre de un empleo que puede pagar tarde o resultar demasiado exigente. Y esto porque el riesgo de un período sin ningún ingreso es algo que los hogares en el límite de la solvencia no pueden permitirse responsablemente".

    Parece, pues, que sería razonablemente posible abrir esta trampa y liberar a las personas atrapadas en ella a través de un ingreso mínimo incondicional no sujeto a la condición de trabajar pero tampoco a la prohibición de hacerlo, que reemplazaría al formato actual del subsidio.

c)  Niños menores de 3 años.

    El gobierno del PP estableció para las madres empleadas por cuenta ajena una paga mensual de 100 euros, en forma de bonificación fiscal, por cada hijo situado en esa franja de edad. Se trataría aquí de universalizar como RB la prestación para poner fin a la discriminación que sufren los hijos cuyas madres no son asalariadas, lo cual no significa que no trabajen, algo que parece una obviedad a estas alturas.

Un coste perfectamente asumible

El número de mujeres subvencionadas por 100 euros mensuales como consecuencia de la medida que el PP aprobó para madres con algún hijo menor de 3 años —aunque sólo cuando además tengan una "ocupación en el mercado de trabajo"— ha venido oscilando, según las volátiles condiciones de precariedades generalizadas dominantes sobre el contrato laboral en la actualidad, hasta alcanzar totales máximos algo por encima de los 400.000 durante cada uno de los últimos años. Sin embargo, tal cifra no representa más que un tercio aproximado del total de niños comprendidos en ese primer tramo de edades, entre 0 y 2 años cumplidos. Por ello, la extensión de los cobros ya garantizados para todo hijo menor de una madre con sueldo a esta generalidad mayoritaria de los demás restantes en igual edad —incluyendo también aquéllos de los que cualesquier progenitores A y/o B, sin distinción alguna de género, puedan hallarse en peor situación económica como personas desempleadas, e incluso faltar por unos u otros motivos— cabe valorarla en un importe total levemente inferior a los 1000 millones.

A comienzo del presente año 2006, el número de perceptores de las pensiones mínimas fijadas para los "jubilados con un cónyuge a cargo" ascendía a muy poco más de 303.000, y cobraban cuantías algo diferentes dependiendo de si la edad de sus titulares era —o no— mayor de 65 años. Los montantes del "complemento" que —añadido a cuanto tendrían como prestación mínima en caso de que fueran solteros, separados, divorciados o viudos— reciben por su pareja quedan, para todos, debajo de los 100 euros. Y, como media, la diferencia respecto a alcanzar dicha base de las jubilaciones individuales viene situándose en unos 360 euros por paga. Así pues, la partida para homologar a todos esos miembros de cuantas parejas reciben las mínimas pensiones de jubilación, hoy establecidas debajo del umbral oficialmente reconocido de "pobreza", sin más discriminaciones de dichos "cónyuges a cargo"—muy mayoritariamente mujeres—- frente a los definidos como únicos titulares de derechos en la actualidad... se cifraría mediante un presupuesto no superior a 1500 millones de euros.

Con independencia de a cuántos ciudadanos pudiera alcanzar el capítulo de nuestra propuesta respecto a los mayores de 52 años que, tras su expulsión como "parados de larga duración", ya se reconocen excluidos hoy definitivamente por el mercado laboral, la correspondiente medida planteada para liberarles al menos de ese estigma añadido que supone la actual trampa del paro tiene un coste directo para la Hacienda pública que obviamente resultaría nulo. La aplicación de la RB a este sector de subsidiados no supondría ningún coste adicional, pues se emplearían las mismas partidas presupuestarias que las que actualmente se dedican a sufragar el subsidio. El cambio aquí no es monetario, sino de mentalidad, pues parece absurdo que a una persona que ha sido expulsada del mercado general de trabajo —y existe el suficiente convencimiento de que es harto improbable que pueda regresar al mismo en condiciones de empleo digno— se la castigue negándole la posibilidad de complementar ese ingreso mínimo con algún trabajo ocasional siempre que los ingresos no superen un determinado límite cuyo control puede técnicamente efectuarse a través de un formato similar al impuesto negativo.

En consecuencia, los recursos presupuestarios precisos para llevar a cabo esta alternativa totalizarían unos 2.500 millones de euros aprox. No es una propuesta descabellada: la próxima Reforma Fiscal anunciada por el Gobierno supondrá para la Agencia Tributaria una pérdida de ingresos del orden de 5.000 millones, según lo inicialmente declarado por el vicepresidente Solbes (sin tener en cuenta lo que puedan repercutir las rebajas adicionales anunciadas en el Impuesto de Sociedades). El Superávit de las Administraciones Públicas del Reino en 2005 fue de 10.000 millones(1,1% del PIB). Aunque, de haber optado por un déficit como el de la media de los países de nuestro entorno comunitario (próximo al 3% permitido por el Pacto para la Estabilidad Financiera de la UE) nuestro Gasto Social habría podido aumentar en unos 40.000 millones de euros más sin cambiar para nada los impuestos.

En el Observatorio de la Renta Básica de Attac Madrid hemos llegado a la conclusión de que, sin renunciar a la universalidad de la RBC, es posible iniciar ya la implantación gradualista de la misma, comenzando por lo más urgente. A los tres sectores mencionados se le podría pagar ya perfectamente en la forma indicada, sin necesidad de nueva presión impositiva ni endeudamiento público. Sería el primer paso en la aplicación de una Renta Básica de Ciudadanía destinada no a alimentar demagógicos debates sobre surfistas y otras hierbas excéntricas, sino a garantizar el derecho a la existencia de toda la gente. Frente a la precariedad establecida por un neoliberalismo cuya obsesión es liberalizar las mercancías, la prioridad en la acción social debe orientarse a liberar a las personas atrapadas en las indeseables trampas de la pobreza y el desempleo. De los ricos ya hablaremos, pero aquí y ahora, cabe acometer estas medidas conforme al clásico principio de emergencia que exige salvar a los mayores y niños, primero.

¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!

De entrada, la Renta Básica de Ciudadanía tiene dos obstáculos que salvar. El primero, que no se explica en 10 minutos; y el segundo, que la derecha enseguida comprende de qué estamos hablando, pero la izquierda, o al menos una parte de ella, no.

JOSÉ MARÍA HERREROS

A raíz de la campaña y posterior presentación de una ILP por una Renta Básica de Ciudadanía o Universal, se han producido una serie de reacciones, que no debate, que confirman algunas de las dificultades que esta propuesta tiene para ser conocida y, por tanto, entendida. Como Daniel Raventós suele comentar, la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), de entrada, tiene dos obstáculos que salvar. El primero, que no se explica en 10 minutos; y el segundo, que la derecha enseguida comprende de qué estamos hablando, pero la izquierda, o al menos una parte de ella, no, a juzgar por algunas de las afirmaciones que venimos escuchando.

Sirva como ejemplo de desconocimiento de la propuesta de RBC el último artículo publicado en esta web por el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda, que de haberse molestado en profundizar, solo mínimamente, no se habría hecho trampas en el solitario al calcular el coste que supondría su implantación. Parece que no ha tenido en cuenta que, tanto subsidios como pensiones, se solaparían parcial o totalmente con la implantación de la RBC. Como suele decirse en el mundillo del periodismo, no dejemos que la realidad arruine un buen titular.

Estiman los técnicos de Hacienda que su implantación limitada a las personas en riesgo de pobreza supondría el 40% del total de la recaudación, pero advierten de que, en el mejor de los casos, deja escaso margen para seguir prestando los servicios públicos. Como si ambas prestaciones fueran incompatibles o excluyentes. Otra muestra más de lo que algunos detractores de la RBC vienen argumentando en su contra, que no hace sino demostrar su profundo desconocimiento de esta medida. La RBC no se concibe al margen de un sistema que no garantice plenamente otros derechos tales como la educación, sanidad, vivienda digna, pensiones… Por ello, quienes la defendemos luchamos también, y en primer lugar, por esos derechos fundamentales. Porque podríamos tener garantizados todos estos derechos de una forma retórica, y no tener asegurada la existencia por carecer de unos ingresos mínimos, más en una situación como la que actualmente vivimos en la que el hecho de tener un empleo no garantiza ya la salida de la situación de pobreza.

Al menos, estos técnicos críticos, citan en su escrito que, para adoptar medidas de este tipo: "habría que mejorar la eficacia de nuestro sistema tributario y reducir al menos a la mitad nuestro volumen de economía sumergida para contar con más recursos públicos". Por ahí van los tiros y es por donde hay que deshacer equívocos engañosos. La cuestión no es el gasto, sino el ingreso necesario para cubrirlo cuando además se trata de derechos fundamentales.

Siguiendo con el argumentario esgrimido por los que se oponen a la RBC, llegamos al trabajo. Trabajo como factor de equilibrio económico y social. "Hay que luchar por el pleno empleo", nos gritan (no conozco las razones, pero en los diferentes foros a los que hemos acudido para debatir sobre la RBC, quienes utilizan este mantra nos lo comunican siempre gritando) para concluir que eso de la RBC es una utopía. "Seamos realistas: pidamos la utopía", dan ganas de responder, si no fuera porque hoy resulta más utópico aspirar al pleno empleo sabiendo como sabemos que el desempleo hace tiempo que dejó de ser un fenómeno coyuntural para pasar a ser estructural.

Desde algunos ámbitos del movimiento feminista también se criminaliza la RBC. Entre sus ‘efectos perversos' se incluiría el ‘desincentivar la participación laboral de las mujeres que, más afectadas por la precariedad, los bajos salarios y la falta de reparto del trabajo de cuidados, podrían abandonar el mercado de trabajo con más facilidad y volver al hogar'. Hay que reconocer que en determinadas situaciones esto pasaría. Muchos hombres y mujeres dejarían sus trabajos precarios y se quedarían en casa... o no. En otros casos la RBC serviría para poder terminar con situaciones en las que la dependencia económica determina y mantiene relaciones no deseadas. En cualquier caso, los defensores de la RBC luchamos también por una igualdad real y no cabe culpabilizar a la RBC del machismo imperante. Ni de otras muchas cosas. No olvidemos que es una propuesta que aún no se ha materializado.

La propuesta rompe con el principio de ‘a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades' declaran eminentes economistas. ¿Quién decide lo que se espera de cada uno y lo que cada uno necesita? En cualquier caso y una vez llegados a este estado ideal, estaríamos dispuestos a  debatir sobre la conveniencia o no de su mantenimiento.

Todo esto  y algunas cosas más se han podido leer en estos días a raíz de la presentación de la citada ILP. Pero algo hemos ganado, hay que reconocerlo. Ya no se dice que la RBC crearía vagos o que desincentivaría la búsqueda de empleo. A golpe de realidad hemos superado esta barrera. Ahora estamos en la segunda fase  que debería finalizar en el momento en que se pasa de la negación a decir que llevamos razón, pero que no se puede. Es en ese momento, según Susan George, cuando te das cuenta de que has ganado. Porque si el problema es técnico, tiene solución.

Y como se trata de que esta propuesta se conozca un poco mejor para que los debates se aborden desde supuestos reales, aquí quedan algunos puntos tomados del libro La renta básica como nuevo derecho ciudadano, uno de los muchos que sobre RBC se han escrito.

La RBC consiste en una prestación económica universal e incondicional capaz de garantizar, junto a la ciudadanía jurídica, la plena ciudadanía económica y social y el disfrute pleno de las libertades civiles.

Lejos de ser una propuesta utópica es una medida de intervención económica acorde con el actual modelo de acumulación flexible, que se manifiesta más realista hoy que en periodos anteriores.

Es una medida de política económica reformista radical y no de transformación, aunque algunas de sus potencialidades podrían suponer una autentica transformación social y económica. Es una propuesta parcial, no exhaustiva, y por consiguiente no contradictoria con otras propuestas de reformismo radical, como la reducción de los tiempos de trabajo, el desarrollo de mecanismos de autoorganización social, la puesta en marcha de nuevas formas y nuevas fuentes de empleo, mayor participación política y ciudadana,  etc.

Es un instrumento de contrapoder frente a la capacidad del dinero de discriminar entre quienes detentan la propiedad de los medios de producción y quienes solo disponen de su fuerza de trabajo. También frente a las actuales formas de exclusión social y dirigida a aumentar la autonomía subjetiva y a propiciar la liberación de la coerción del trabajo precario, obligatorio y predeterminado.

No guarda ninguna relación con el salario o con el proceso de acumulación del cual éste depende, aunque sería un factor determinante en la negociación salarial.

Y dejamos para el final lo más importante: la RBC no es un sustituto del Estado social sino un complemento del mismo.

Partiendo de estas premisas, bienvenido sea el debate sobre la RBC y su transversalidad. En el Observatorio de RBC de Attac Madrid, uno de los foros desde los que tratamos de explicar y difundir esta propuesta, estaremos encantadas y encantados de hacerlo.