¿Estamos ante el final del empleo?

FRANCISCO CANTERO  

Estamos en el inicio del siglo XXI, a punto de entrar en la era de la edición genética (CRISPR), el aprendizaje automático (Deep Mind), la computación cuántica (D Wave).

 
Estamos en la antesala de ver una explosión de las Nuevas Tecnologías que harán volar nuestra imaginación, la creación de robots y ordenadores con capacidad de realizar una gran cantidad de los trabajos que ahora hacemos los seres humanos.

 
El vehículo sin conductor ya está aquí y eliminará una gran cantidad de puestos de trabajo en el sector del transporte y taxis. La fabricación de automóviles ya se está haciendo mediante impresión 3D. Todo un edificio se construyó en Dubai con una impresora 3D. Los restaurantes están siendo diseñados sin camareros, hoteles sin empleados de recepción. Robots están actuando de profesores interactuando con los estudiantes en Japón y el Reino Unido…..

 
Todo esto se traduce en la pérdida de una cantidad ingente de puestos de trabajo, que ha provocado la mercantilización de un derecho y ha hecho surgir una nueva clase social que el profesor Guy Standing ha denominado precariado, es decir, personas que se ven obligadas a aceptar una vida de trabajo inestable como norma y sin posibilidad de tener una identificación profesional.

 
Con estas perspectivas, se puede afirmar que: No hay ni habrá nunca más, suficiente trabajo para todos, entendiendo como trabajo remunerado, estable y de tiempo completo.

 
Esto nos lleva a que estamos ante un nuevo modelo de sociedad donde el trabajo ya no será la fuente que permite a las personas poder disfrutar de bienes y servicios, del ocio y de la sostenibilidad de la vida como hasta ahora lo ha sido. El sueño se acabó, ese derecho al trabajo es necesario cambiarlo por el derecho a la vida, asegurando que todas las personas puedan tener un nivel adecuado de vida complementado con la cobertura de necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, el vestido, la educación y la sanidad.

 
Una de las medidas a implantar con urgencia para conseguir estos objetivos es la Renta Básica Universal.

 

Renta Básica Universal ¿La peor de las soluciones?

Frente a la ineficacia de las rentas mínimas de inserción, "el ingreso básico adquiere mayor grandeza y dignidad cuando deja de ser un socorro para pobres y se convierte en un derecho universal". Tal es el principio motor de Renta Básica Universal. La peor de las soluciones [exceptuando todas las demás] un libro escrito por Cive Pérez, miembro de este Observatorio, en el que se defiende el ingreso garantizado entendido como un derecho civil equiparable al derecho al sufragio.

 

Presentación del libro el jueves 15 de octubre de 2015

La idea de la renta básica de ciudadanía gana cada día más adeptos. Sobre todo, a la vista de la ineficacia de las recetas clásicas utilizadas hasta ahora para atajar el imparable crecimiento de la pobreza y la desigualdad, tanto dentro como fuera de España. 

 
El libro traza un recorrido a través de las diferentes propuestas que se han producido en la historia del pensamiento social para poner fin a la pobreza, hasta concluir en la Renta Básica Universal. Desde la Utopía de Tomás Moro hasta nuestros días, pasando por Thomas Paine, Charles Fourier, Bertrand Rusell o un gran número de científicos y economistas contemporáneos que respaldan la idea del ingreso garantizado. No faltan ejemplos prácticos de la aplicación de medidas similares a la renta básica, como es el caso de Alaska, donde la propuesta ha pasado del papel a la economía real.

Con una rigurosa argumentación y un lenguaje directo y asequible, este libro supone una inmersión clarificadora en las causas de la pobreza, la formación del precariado y los caminos sin salida de la presente crisis del capitalismo. Para el autor, es crucial la distinción entre trabajo -como potencialidad humana- y empleo, un "artefacto social" que se ha averiado de forma irreparable, como demuestra el hecho de que al día de hoy, para mucha gente "trabajar ya no permite salir de la pobreza". 

 

 

Leer la introducción

 Una indemnización a la ciudadanía por el coste social de la crisis, pulsando en este enlace. 

 

Desde las Leyes de Pobres de la Inglaterra del siglo XVII hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera recurrente la propuesta de crear rentas mínimas es un signo inequívoco de su ineficacia política y social. Ha llegado la hora de poner fin a esa interminable espera a Godot que supone pretender solucionar la pobreza de la gente con rentas mínimas y condicionales de inserción.

 
CIVE PÉREZ

Tras las primeras Leyes de Pobres (Poor Laws) promulgadas a comienzos del siglo XVII con el propósito facilitar auxilio a los pobres de Inglaterra, en 1795 entró en vigor la denominada ley de Speenhamland, reguladora de un sistema de socorros que vino a reforzar poderosamente el sistema paternalista de la organización del trabajo legado por los Tudor y los Estuardo. En un episodio que se ha hecho célebre en la historia de la protección social, los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795, época de gran escasez, en la posada del Pelícano, en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario conceder subsidios complementarios de acuerdo con un baremo establecido a partir del precio del pan, si bien era también necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos independientemente de sus ganancias.

Pero este derecho a la existencia de los pobres entraba en contradicción con los principios del naciente capitalismo: impedía eficazmente la formación de un mercado concurrencial del trabajo e incrementaba las partidas destinadas a la concesión de ayudas públicas. Todo ello dio lugar a una reacción conservadora que alumbró la nueva Ley de Pobres de 1834, basada en la áspera filosofía que considera la pobreza entre personas físicamente capacitadas como una debilidad moral. En consecuencia, la nueva ley dejó de suministrar ayudas a los pobres robustos, a los que se les enviaba a la workhouse con el objetivo de estimularlos a buscarse un empleo regular en lugar de pedir caridad. La nueva reglamentación prohibía a los pobres residir en sus propios hogares, de manera que todo el que aspirase a recibir una ayuda debía obligatoriamente residir en la workhouse, cuyo régimen, diseñado con cien-tífica crueldad, era deliberadamente duro y degradante con vistas a disuadir a los pobres de solicitar la ayuda parroquial.

En palabras del historiador Karl Polanyi: “Fue así como la humanidad se vio forzada a seguir el rumbo de un experimento utópico. Muy posiblemente no se perpetró en la época moderna un acto tan implacable de reforma social. Al pretender simplemente establecer un criterio de indigencia auténtica con la prueba de fuego de las workhouses, multitudes de vidas se vieron aplastadas. Benéficos filántropos promovieron fríamente la tortura psicológica y la pusieron dulcemente en práctica, ya que la consideraban un medio para engrasar los engranajes del molino del trabajo”. El sistema de workhouses se mantuvo hasta finales del siglo XIX. En el siglo XX, el fenómeno del desempleo industrial demostró que la pobreza era una cuestión que implicaba aspectos mucho más complejos que el simplismo moralizante. Paulatinamente, las legislaciones sociales de los años 1930 y 40 fueron reemplazando las prestaciones de las Leyes de Pobres por sistemas públicos de protección social.
 

No obstante, en la práctica, estos sistemas públicos han heredado la tradición de sospecha hacia la persona solicitante de una ayuda social. La leyenda negra tejida en torno a quienes malviven con estas rentas sugiere que los perceptores prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed  traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

Si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital. Ante el dilema, la opción más frecuente suele ajustarse al principio de “más vale pájaro en mano”. Optar por la ayuda oficial asegura al menos cierta continuidad en la obtención de un ingreso.

Un problema adicional surge desde el momento en que las ayudas nunca son individuales, sino que, por regla general, el test de recursos se aplica sobre el ingreso conjunto del grupo familiar. En este caso, la condicionalidad también desalienta la aceptación de empleos de tiempo parcial o temporales por parte de uno u ambos miembros del grupo, para evitar superar el tope por encima del cual se verían privados del subsidio.

En cualquier caso, a estos problemas ‘funcionales’ de las rentas condicionales, hay que añadir que se trata de una medida doblemente coyuntural, ligada a la circunstancia económica y a la relación de fuerzas políticas. Un gobierno progresista toma la decisión de implementar una renta mínima condicional –por lo general, insuficiente en cuantía y cobertura– que dura hasta llegada del siguiente gobierno conservador, que la elimina o endurece las condiciones de acceso. Tenemos un ejemplo reciente en el antiguo subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

En definitiva, desde la promulgación de las Poor Laws hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera tema recurrente la propuesta de crear rentas mínimas es una signo inequívoco de su ineficacia política y social. Ello, unido al fenómeno comprobado de que, por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país es decreciente, significa que ha llegado la hora de poner fin a esa interminable espera a Godot para solucionar la pobreza de la gente con rentas mínimas y condicionales de inserción.

Ello implica asumir la idea de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a un ingreso mínimo concebido no como una ayuda condicional, sino como un derecho cuya legitimidad, eficacia y operatividad sea equivalente a la del sufragio.

 

 

Sobre la ILP de los sindicatos, o cómo recuperar la dignidad en la condición laboral.

La propuesta de los sindicatos CCOO y UGT de una Prestación de Ingresos Mínimos viene a ser una variante de las Rentas Mínimas de Inserción que vienen aplicándose bajo diferentes condiciones y con diversas cuantías a nivel autonómico y no supone  diferencias  conceptuales con respecto a algunas propuestas que, desde diferentes organizaciones políticas, hemos escuchado en periodo electoral. 

 
JOSÉ Mª HERREROS

Viniendo, además, del mundo sindical pudieran parecer lógicas algunas de las características que se recogen en la propuesta, como su temporalidad hasta que se concrete la recuperación del empleo y que este sea de calidad, pero sorprende  que la propuesta no se realice a partir de un análisis más realista del contexto en el que nos encontramos. Porque de haberlo hecho así tal vez estaríamos hablando de una propuesta radicalmente distinta: La Renta Básica de Ciudadanía o Universal.

Desde el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid no vamos a oponernos a cualquier mejora y agilización de los llamados sistemas de protección social, pero creemos que estas medidas de carácter paliativo no hacen sino aplazar un debate mucho más profundo que, tarde o temprano, deberemos abordar: el de garantizar a las personas el primero de los derechos, el derecho a la existencia.

Y como esta Prestación de Ingresos Mínimos de una propuesta sindical se trata, bajo ese mismo prisma proponemos  como alternativa la Renta Básica. La universal, individual e incondicional. En un contexto económico  en el que  la actividad productiva reduce su peso en favor de una economía financiera especulativa y el desempleo se convierte en un elemento estructural (el gran ‘ejercito de reserva’ del que habla Marx) en el que los sistemas de protección social diseñados tras la segunda guerra mundial resultan inadecuados e insuficientes y en el que incluso el empleo ya no significa un seguro contra la pobreza, la renta básica se configura como un instrumento  imprescindible para conseguir el objetivo de reforzar la posición de los y las ciudadanas, dentro y fuera del ámbito laboral, y como un elemento que defienda a esta ciudadanía de los mercados y de los poderes financieros. Difícilmente, sin una renta básica, se logrará recuperar la dignidad en la condición laboral.

Porque la renta básica permite que las necesidades fundamentales, como es la de disponer de un ingreso con el que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además, fortalece la posición de trabajadores y trabajadoras y los empodera  a la hora de cualquier negociación ya que permite ‘decir no’ a condiciones laborales abusivas.  Tal vez sea esta una de las razones por las que desde el mundo sindical se ha mirado siempre con recelo esta propuesta, pensando que restaría importancia a la acción sindical cuando sería justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el reparto del empleo existente y pondría en valor  el trabajo que existe y que el mercado ni considera  ni tiene en cuenta.

Hay más trabajo que empleo y en muchos casos ese trabajo aporta mucho más valor añadido a las comunidades donde se realiza. Pero además la renta básica permitirá la aparición de otro tipo de actividades económicas de carácter cooperativo y social. Una actividad económica de cercanía, sostenible y creadora de vínculos entre las personas en oposición a modelos económicos que nos han conducido donde nos encontramos.

Estas son algunas de las previsibles consecuencias de la implantación de la renta básica centradas en el ámbito laboral y de empleo. Pero su potencial transformador afectaría a otros muchos ámbitos como la igualdad, la participación ciudadana, la educación o la sostenibilidad.

La renta básica también supone un gran punto de partida para refundar los sistemas de protección social y el propio Estado social hoy cuestionados, no como coartada para desmantelarlos como se pretende desde el neoliberalismo, sino para diseñar instituciones más eficaces y universales y que permitan el derecho a la existencia y a una vida buena de toda la ciudadanía. Y desde luego debe ir acompañada de la reivindicación y mantenimiento de derechos sociales y laborales como el salario mínimo interprofesional, los servicios públicos universales e incondicionales de la sanidad y educación y, en general, de políticas  económicas y fiscales que controlen e impidan la acumulación de poder y riqueza en manos privadas.

La propuesta sindical de la Renta Mínima Garantizada cifra su coste en 11.000 millones de euros. La renta básica tendría coste cero.  La Red Renta Básica ha elaborado una propuesta de reforma fiscal que, sin tocar ninguna partida de carácter social (sanidad, educación, pensiones) posibilitaría su implantación sin coste alguno, haciendo del IRPF una herramienta real de distribución y demostrando que su implantación no es una cuestión ni económica ni técnica, sino política. La renta básica es justa, es razonable y es posible.

 

 

La Renta Básica desde la perspectiva de género

La Renta Básica desde la perspectiva de género. Un debate que pretende aclarar ciertos prejuicios contra la propuesta del ingreso universal existentes en algunos círculos del movimiento feminista. 

 

Las personas interesadas en conocer a fondo la propuesta del Ingreso de Ciudadanía tienen ahora una excelente oportunidad de hacerlo a través de las Jornadas Formativas organizadas por el Observatorio de la Renta Básica de Attac Madrid.

 

Inscripciones, hasta completar cupo:

observatoriorentabasica@gmail.com

La anti renta de ciudadanía de "Ciudadanos": ¡Vivan las caenas!

El Complemento Salarial Anual Garantizado, que propone el partido político Ciudadanos, perpetuaría la situación de dominio de los empleadores sobre los trabajadores precarios. Con cargo al dinero de todos. Quien pretenda dignificar el trabajo asalariado tiene una vía mucho más sencilla que inventar la pólvora: asegurar un Salario Mínimo Interprofesional digno. Quien pretenda aumentar la libertad real de la gente, haría bien en dejarse de tonterías y defender la Renta Básica de Ciudadanía en lugar de apostar por las cadenas del trabajo precario. 

 
CIVE PÉREZ

Asistimos al declive de la derecha brutal y casposa representada por el Partido Popular, cuya ministra de Empleo confía en la Virgen del Rocío para salir de la crisis. Con el riesgo para la divinidad de que las estadísticas de paro arruinen su prestigio. Para no irle a la zaga, tenemos un ministro de Exteriores dedicado a inventar embustes sobre las pensiones y los subsidios por desempleo.

Ahora, entre la gente conservadora del país gana adeptos por días Ciudadanos. Una nueva formación política de estricta derecha con apariencia algo más educada en sus formas. Ciudadanos acaba de esbozar las primeras líneas de su programa económico. Que en lo referente al trabajo reproduce el esquema puro y duro de la dominación de clase. Concepto estructural mucho más riguroso que el de casta, que se ha puesto de moda coyuntural. 

Según Luis Garicano, uno de los economistas responsables del programa de Ciudadanos, millones de españoles tienen ahora niveles de ingresos que ni siquiera llegan al nivel del Salario Mínimo Interprofesional, y eso es un lastre para toda la sociedad. De algún modo, esto viene a corregir la doctrina de la austeridad reconociendo un principio keynesiano: si no hay dinero en manos de la gente, no hay consumo. Pese a ello, en el más puro espíritu de la teoría defendida por FAES, Ciudadanos se opone a subir el SMI, pese a que, junto con el de Grecia, el español es uno de los más bajos de la Unión Europea.

A cambio, propone aplicar lo que denominan Complemento Salarial Anual Garantizado, que beneficiaría a las rentas más bajas —alrededor de cinco millones de hogares— y que sería financiado a través de créditos fiscales que se descontarían del IRPF.

La idea, en línea con la doctrina neoliberal del workfare, sería incentivar el trabajo a través de una ayuda estatal que complemente los ingresos laborales de los hogares de aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios. Un complemento con diferentes tramos según los niveles de renta y la situación familiar de las personas (soltero, pareja y número de hijos). Elemento clave de este programa es que sólo cobrarían el complemento quienes tuvieran un empleo. Precario, por supuesto. Con esa restricción pretenden que el Complemento sea más atractivo que cobrar el paro.

Al atento observador de la cruda realidad celtíbera se le ocurren, prima facie, las siguientes cuestiones:

1) Al invocar el manido tópico de la presunta holgazanería del parado (prefieren cobrar el subsidio a trabajar), la propuesta de Ciudadanos (que no de ciudadanía) incurre en una absoluta falta de realismo: en efecto, merced a las políticas socialmente represivas llevadas a cabo por el Partido Popular, la mitad de los desempleados no perciben ningún tipo de prestación. La tasa de cobertura (el número de parados que tiene acceso a algún tipo de beneficio) se situó en el 57,6% a finales de 2014. Al día de hoy, hablar de falta de incentivo para el trabajo es repetir un prejuicio, no un análisis riguroso de la realidad.

¿Cómo pretende la formación Ciudadanos ayudar a esos ciudadanos de carne y hueso en situación de total desamparo?

2) Otro aspecto perverso de este Complemento Salarial es que, puesto que la ayuda sólo se facilitaría a quienes tuvieran un trabajo, acepta la existencia de empleos remunerados con salarios tan precarios que no alcanzan para vivir con un mínimo de decencia. Ese Complemento Salarial, con el que se quieren eliminar presuntas holgazanerías, fomentaría la pereza del empresario para pagar un salario digno. O sea, arreglamos un roto con un descosido.

¿No sería mejor, en ese caso, apoyar un Salario Mínimo Interprofesional de cuantía suficiente para que el hecho de trabajar no lleve consigo el estigma de la pobreza?

Y, en todo caso, puesto que ese Complemento Salarial sería pagado por el Estado con dinero de todos, ¿qué razón hay para no entregarlo directamente a la persona como derecho de ciudadanía —que es una condición universal de todo miembro pleno de la sociedad inserta en ese Estado—, en lugar de hacerlo de forma discriminatoria sólo a la persona que tiene un trabajo precario —lo que constituye una situación de desigualdad en la que existe un grado de dominación por parte del empleador—. 
 
3) ¿Tiene Ciudadanos una visión liberal, en el mejor sentido de la palabra, de la dignidad de la persona? Porque ese intervencionismo sobre la situación familiar de las personas (soltero, pareja, número de hijos...) a la hora de aplicar el Complemento demuestra un talante poco liberador.

¿Acaso se pretende coartar la libertad personal a la hora de de elegir su opción de vida por parte del trabajador precario? ¿Además de pobre ha de someter su vida al escrutinio del inspector del sistema asistencial?

Hace años, los franceses André Gorz y Guy Aznar formularon una visión mucho más progresista de lo que ellos denominaron el segundo cheque. Un ingreso facilitado por el Estado a quienes trabajaran menos horas que la jornada habitual. Esto no se haría con la intención de perpetuar la precariedad, como en el fondo pretende Ciudadanos, sino bajo la perspectiva del reparto del tiempo de trabajo. A juicio de estos investigadores de las metamorfosis del trabajo, la solución de la desigualdad social creada por el incremento de la productividad vendría dada por la "recuperación del sentido" de la actividad humana, unida a un auténtico reparto de las obligaciones y derechos derivados del trabajo realizado con responsabilidad social.

Se trataría, en definitiva, de trabajar menos para trabajar todos. Una fórmula que no abunda en la solución de "repartir el paro", sino de que aspira a que todo el mundo participe en el esfuerzo productivo general de la sociedad, trabajando individualmente menos horas. Paralelamente, cada individuo debería recibir en forma de rentas crecientes su parte de riqueza en aumento producida socialmente. Esto supone "que el tiempo de trabajo, que actualmente es de alrededor de 1.600 horas al año, sea rebajado en quince a veinte años, escalonadamente y de forma programada, a más o menos 1.000 horas al año, sin disminución del nivel de vida, sino al contrario".

La financiación de esta "segunda nómina" complementaria a la percibida por la participación directa en la producción correría a cargo del Estado, que recaudaría los fondos necesarios mediante unos tipos impositivos directamente ligados a la trinidad maquinaria/energía/productividad, generadora de la riqueza en la civilización industrial. Una especie de "impuesto robótico". 

De todas formas, con el tiempo, André Gorz acabó reconociendo que una Renta Básica Garantizada, desvinculada del trabajo, sería a la postre una mejor solución técnica, a la par que más justa y liberadora para el conjunto de la sociedad. En el momento actual, el Ingreso Garantizado se perfila como la mejor fórmula para indemnizar a los perjudicados por la crisis económica inducida por unas políticas puestas al servicio de los grandes centros de poder financiero. 

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Artículo publicado en el blog Carnet de Paro

 

 

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